jueves, 7 de febrero de 2008

EL ESTADO HOTELERO

La mayor afluencia de consumidores hacia un determinado destino turístico eleva los precios en cualquier lugar del mundo. Así ha ocurrido en Cuzco y nadie ha objetado demasiado, menos aun se ha intentado anular el cobro diferenciado por ser peruano no cuzqueño, o simplemente extranjero. ¡Y luego nos hablan de la antidiscriminación! Esto, para llamar la atención acerca de un hecho insólito. Las rasgaduras de vestido provocadas por el mayor costo de las habitaciones en los hoteles ad portas el inicio de la estampida de visitantes al Perú. Algo tan común en todo tipo de producto o servicio. A mayor demanda, usualmente se elevan los precios.

¡Volteemos el pastel! Los desheredados de siempre anhelan tener educación gratis, hospitales a la vuelta de la esquina y carreteras de primer nivel al borde de sus veredas. Muy bien, quienes dicen tener sensibilidad social aprovechan dichas urgencias para proclamar que tales personas tienen derecho a todo lo que anhelan y por tanto ante esa demanda hay que “producir” los satisfactores correspondientes. En términos comprensiblemente dolorosos hablamos de “impuestos”. A mayor demanda de servicios “gratuitos” a cubrir; el Estado ha de “elevar sus precios”, o sea, los impuestos. Y me pregunto casi sin inocencia, ¿Quién sale a criticar dichos elevados precios-impuestos? ¿Habrá alguna ONG defensora del consumidor, del trabajador, o de los derechos humanos que proclame que eso es abusivo, depredador o antisocial? Hasta hoy, jamás escuché ni vi escrito algo así, salvo en los escritos liberales. Todo impuesto cobrado por el gobierno, sea local, regional o nacional, no es un “derecho” del Estado. Son los pagos que hacemos los ciudadanos por recibir algún servicio de parte del que cobra, o sea del Estado. Pero ya sabemos que aquí cobran y cobran y cuando se ve algo de lo ofrecido, es casi una visión mística o espejismo. Pero cuando una persona o empresa privada cobra lo hace por un servicio o producto que brinda y si alguien decide adquirirlo es única y exclusivamente por que así lo ha decidido el consumidor. Sin ninguna presión o amenaza. El cliente paga por aquello que se le ha ofrecido y desea adquirir. No se le obliga a “comprar”. Por eso es fácil rechazar los altos precios, simplemente los consumidores buscan productos o servicios alternativos. Ante los elevados precios de las tarifas de cine, la gente ha optado por los DVD, ante la oferta “cara” de los DVD de marca, la gente ha optado por los productos piratas. Esto no es novedad ni muestra de la tendencia genéticamente inmoral del peruano, es simple aplicación de la racionalidad económica. Si debo elegir entre varias opciones y establecer una escala de prioridades me conformaré con aquello que esté a mi alcance, tratando de obtener lo que “necesito” al precio que puedo costear. Esto no es una apología de la “piratería” sino su explicación. Pero si desde el poder político -el Estado- se crea una serie de “barreras” para el ingreso de competidores al mercado se pueden crear “monopolios”. En dicho caso los precios pueden ser manejados al antojo del ofertante, pues no existe manera de optar “legalmente” por alternativos. Y ese no es el caso en la cacareada “alza de tarifas hoteleras”. Las habitaciones a disposición varían en calidad y la oferta disponible de habitaciones no ha llegado a ser escasa. Por tanto, si los potenciales clientes no están satisfechos con las tarifas ofrecidas podrían buscar otro tipo de alojamientos. En cuanto a los pagos por adelantado, esta práctica no necesariamente es nociva, ocurre en contextos de inseguridad y falta de formalidad en los compromisos pactados. Es una medida de precaución ante posibles cancelaciones. Las empresas aéreas usualmente lo hacen así. También las empresas organizadoras de conferencias y seminarios internacionales e incluso las empresas de servicios para fiestas. No defendemos aquí al gremio hotelero, es lo de menos. Defendemos el derecho de los consumidores a “VOTAR”, con su compra, por aquellas empresas que mejor les sirvan. No es menester demandar que las autoridades políticas, incluido el Presidente se inmiscuyan. Es muy peligroso que el poder político interfiera en los acuerdos libres y voluntarios. De no haber acuerdo entre las partes no habrá contratos por habitación. Y ya que los clientes no pernoctaran en los parques y jardines, serán un buen aliciente para que otros empresarios intenten cubrir dicha demanda a precios más asequibles. La intervención política solo puede generar lo siguiente: 1.- Que los hoteles cuestionados bajen sus precios, a cambio de algún beneficio adicional, o peor aún, una reducción en sus estándares. 2.- Que no se incentive la competencia del mercado, pues mediante presión política se estaría “resolviendo” un caso de demanda temporal. Sentando nefasto precedente. 3.- Un panorama más inadecuado es la “oferta hotelera” del Ministerio de Defensa. ¿Para qué tenemos un Ministerio de Turismo, entonces? Con nuestros impuestos se hace cualquier cosa, duda no cabe. El Estado no lo costeamos para dar albergue. Como vemos no hay ningún beneficio real, es caer en la componenda de siempre. Además de perjudicar el proceso de libre competencia. Los precios pueden bajar y bajan siempre y cuando exista libre acceso al mercado y se eliminen las barreras. Los sobrecostos por abrir un hotel, los sobrecostos laborales, la falta de seguridad en las calles, todo eso son costos adicionales que el Estado puede bajar. Pero lo que no puede hacer el Estado es pretender decidir qué precio es el apropiado. El precio justo, NO EXISTE. El precio es la expresión de múltiples ofertas y diversas demandas, que se ajustan con el tiempo y varían según las fluctuaciones de los factores que intervienen. Ese delicado sistema de precios no debe ser alterado por “motivaciones políticas ni de promoción turística”. La libre concurrencia establecerá cual es el precio a pagar y la “locura de precios” que aparentemente sufrimos solo repercutiría negativamente en los empresarios hoteleros, a menos que los creamos dementes totales, capaces de elevar precios a cotas impagables y con ello causar el retraimiento en la afluencia de huéspedes. Las cumbres a celebrarse en Perú, elevan no solo los costos hoteleros, al parecer está elevando el animo “controlista” del gobierno y sus funcionarios. Aun desconfían de la capacidad empresarial. Sin embargo los empresarios dejados en libertad pueden corregir los altos precios. Dejemos que compitan más hoteles, hostales, alojamientos y demás, así veremos que EL MERCADO SÍ FUNCIONA, y al gusto de cada cliente.
Martín H. Portillo C.
Jesús Maria, 6 febrero, 2008

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